Esta actividad fue organizada por los Profesorados de Educación Especial.

Se puede acceder a los textos, en su formato original y en Lengua de Señas Argentina, a través de la imagen interactiva que aquí compartimos

Cartografía de la Ley 26.150 Recorridos de sus antecedentes y continuidades

Los antecedentes de la Ley 26.150 permiten comprender que su sanción no fue repentina, arbitraria ni desligada del contexto en el cual tuvo lugar. Su emergencia es indisociable de una serie de normativas que atraviesan la segunda mitad del siglo XX y a momentos de inicios del nuevo siglo, le dan sentido.

Varias circunstancias se combinaron en nuestra región para dar lugar a la apertura de debates en torno al rol de la escuela en el abordaje de temas relacionados a la sexualidad. Tal como analiza Graciela Morgade (2012), la irrupción urgente y significativa en los ochenta de la epidemia del VIH-SIDA obliga al Estado a elaborar políticas públicas al respecto. Sumado a ello, diversas luchas sociales –como las sostenidas por el movimiento de mujeres y de disidencias sexuales– visibilizan y ponen en debate aspectos de la experiencia de las personas como sujetos sexuados y el modo en que esto se imprime –se refuerza, se cuestiona, se analiza– en el espacio escolar. Por último, se suman los cambios culturales con la posibilidad de vivir con mayor libertad la sexualidad y relacionarse expresando afectos, emociones, deseos, movilizaron preguntas que la escuela necesitó comenzar a pensar.

La responsabilidad de generar políticas públicas vinculadas a la educación sexual forma parte de las obligaciones que el Estado Nacional asume a partir de la firma de distintos tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica (1969), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer - CEDAW (1979), la Convención Internacional de los Derechos del Niño (1989) y la Convención de Belem Do Pará (1994), entre otros.

Junto a ello, normativas nacionales constituyen antecedentes importantes para la sanción de la Ley de ESI en 2006 como: la ley Nº 25.584 de Prohibición a los establecimientos educativos de toda acción institucional que impida el inicio o continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas (2002), la ley Nº 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (2003) y la ley Nº 26.061 de Protección Integral de Derechos de niños, niñas y adolescentes (2005).

Ley de ESI: conquistas, discusiones y desafíos

La sanción de la ley 26.150 constituye, al mismo tiempo, un punto de llegada de los múltiples debates que anteceden a su escritura y en la apertura de nuevas discusiones que aparecen a partir de su puesta en práctica. En este sentido, la dimensión histórica de una ley visibiliza rasgos de nuestra cultura arraigados profundamente y de nuestro sistema educativo en particular. Inaugura un proceso de transformaciones y resistencias que continúan hasta hoy.

En el año 2008, desde el Consejo Federal de Educación se acuerdan los Lineamientos Curriculares para la implementación de la ESI. Diez años después, se elabora la Resolución Nro.340 (2018), con el fin de establecer los núcleos de aprendizajes prioritarios para cada nivel educativo.

Junto a ello, la legislación que da sustento a la ESI crece en ampliación de derechos a partir de las siguientes leyes nacionales: Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (2009), Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario (2010), Ley 26.743 de Identidad de Género (2012), Ley 27.234 Educar en Igualdad Prevención y Erradicación de la violencia de Género (2015).

Con posterioridad, se sancionan en nuestro país la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud Durante el Embarazo y la Primera Infancia (2020). Estas dos leyes marcan un hito fundamental en la conquista de derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, cuya lucha fue protagonizada por los feminismos y movimientos de mujeres durante décadas, en un largo proceso de debates y trabajo de visibilización social.

En el año 2021 se aprueba la Ley 27.636, de Promoción al Empleo para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero.

En nuestra provincia, es importante destacar la sanción de la Ley 13.853 respecto a la temática de Discapacidad (2018), que contempla entre sus principios la no discriminación, la igualdad de oportunidades y el respeto a la identidad. En el año 2019 la Ley 13.902 para el acceso efectivo de las personas travestis, transexuales y transgenero al empleo en organismos públicos.

A nivel ministerial, contamos con normativas derivadas de estos marcos legales como son las Resoluciones N° 955/21 y N° 2529/13 que garantizan el respeto a la identidad de género y a las opciones de género del estudiantado, respectivamente, y la Resolución N° 0988/14 que otorga licencia por violencia de género.

FUENTE: 

Equipo ESI Santa Fe (2021) Clase Nº1 “Desde la sexualidad silenciada hacia la palabra compartida”. Ministerio de Educación. Provincia de Santa Fe